13 Querellas Criminales interpuso el gobierno regional a las manipuladoras de DIPRALSA
Redacción Elajitador
“Las manifestaciones públicas ocurridas en la ciudad, atentan contra la salud de la sociedad, se está cometiendo un delito sanitario. Además se impidió el libre tránsito de la comunidad, lo que significa que están quitándole sus derechos a otras personas” aseveró el intendente de la región de Los Lagos.
Hasta hace un par de meses atrás, la comunidad puertomontina gozaba de ciertas libertades, sobre todo en la posibilidad de manifestar su opinión con respecto a los desatinos que ha tomado el estado en cuanto a políticas públicas y al mal manejo administrativo.
Esto, hoy en día, luego de que se decretara estado de catástrofe producto de la pandemia que azota al mundo, ya no sucede.
Las restricciones horarias, las medidas de seguridad e higiene, la distancia social y el confinamiento de la comunidad en sus respectivos hogares, se han transformado en la “nueva normalidad” que se vive cotidianamente.
Estamos claros que dichas acciones tienen, como único objetivo, el minimizar la curva de contagio por COVID 19, ya que el mayor temor de las autoridades es que colapse el sistema hospitalario; lo que es ya un hecho todos los años, durante las épocas de más lluvias y frío en el país.
Ahora, se ha enjuiciado y puntualizado a trabajadoras del sector alimentario, como criminales, debido a que salieron a las calles, siempre en pequeños grupos, manteniendo las normas de seguridad e higiene, a protestar por una decisión, que según ellas, es arbitraria.
Recordemos que hace pocos días, JUNAEB tomó la decisión de finalizar el contrato de licitación que existía con la empresa de servicios alimentarios DIPRALSA, por no cumplir con los plazos de entrega de las canastas familiares.
Esto fue rebatido por el diputado socialista, Fidel Espinosa, quien aludió que la propia directora regional de JUNAEB Los Lagos había reconocido el error.
A esto se le suman las declaraciones del presidente regional de APROJUNJI, Jaime Colil quien declaró que el responsable de los retrasos de las canastas familiares fue la propia JUNAEB, y que ni siquiera se entregó el 100 por ciento de estas en la región.
QUERELLA CRIMINAL
Tras las dos jornadas de manifestaciones de las manipuladoras de la empresa DIPRALSA, en diferentes puntos de la capital regional, y en grupos pequeños, fueron detenidas en una primera oportunidad 25 de ellas, las cuales fueron liberadas, y 16 en el segundo día de manifestaciones.
Ante este hecho, el intendente de la región, Harry Jürgensen, calificó como un acto criminal el reclamo de las trabajadoras, y argumentó que este tipo de actos atentaba en contra de la salud pública, la cual estaba en riesgo en este minuto.
Por esta razón, el jefe regional anunció que se iba a efectuar todos los trámites y esfuerzos necesarios para condenar estos actos.
Jürgensen anunció que el gobierno regional realizará querellas criminales en contra de las detenidas.
“Las manifestaciones públicas ocurridas en la ciudad, atentan contra la salud de la sociedad, se está cometiendo un delito sanitario. Además se impidió el libre tránsito de la comunidad, lo que significa que están quitándole sus derechos a otras personas” sentenció Jürgensen.
El intendente agregó que se está revisando cada uno de los casos, con la idea de poder aplicar el máximo rigor de la ley, ya que el riego sanitario sigue estando presente.
Por su parte, el coordinador regional de seguridad, Patricio Navarro señaló que desde antes de que se diera esta pandemia, en Chile existe una regulación legal que establece penas a quienes atenten en contra de la salud de las personas, por lo que en esta oportunidad se presentaron 13 querellas en contra de estas personas.
“Vamos a presentar todas las querellas necesarias para que aquellas personas que han puesto en peligro la salud de los demás sean castigados. Cuando se sale a la calle incumpliendo las normas sanitarias, está calificado como delito, el cual estaba contemplado en el artículo 318 del Código Penal”, aseguró Navarro.
Con respecto a la protesta de las manipuladoras, el coordinador de seguridad indicó que también es un delito, sumado a los desórdenes públicos que habrían provocado, los que concurren y se aplicaran a la pena más alta en el delito más grave.
Junto con esto, el encargado de seguridad regional comentó que ya hubo un sancionado con cerca de 15 millones de pesos, por no respetar la seguridad sanitaría de la comunidad, por lo que es importante que la gente entienda que deben respetar las normas establecidas.
En conclusión, las decisiones de un gobierno, que afectan, en este caso a cerca de 3 mil personas, que peligran su fuente laboral, no tienen derecho a reconvención por parte de la ciudadanía, ya que en este estado de catástrofe, lo que más importa es mantener a las personas silentes, atemorizadas y absolutamente recluidas en sus hogares. La pregunta es ¿qué hará hoy el Intendente Regional si está dentro del grupo de adultos mayores que están obligados a permanecer en cuarentena? ¿No era que esta misma autoridad no consideraba como real el trabajo remoto?. Esperemos que no lo encontremos en sitios públicos, pues estaría rompiendo con las normas sanitarias que ellos mismos pregonan respetar.
13 Querellas Criminales interpuso el gobierno regional a las manipuladoras de DIPRALSA por Elajitador.cl
