Comisión parlamentaria por Covid concluyó que Gobierno fue responsable por la rápida propagación de la pandemia
Uno de los hitos más relevante fue cuando la autoridad sanitaria llamó a la nueva normalidad (en los meses de abril y mayo). Aquello provocó confusión en la ciudadanía y potenciales descuidos y contagios.
La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó con un lapidario informe. Documento sobre las responsabilidades del Gobierno y autoridades de salud en la propagación de la pandemia en el país.
El informe dado a conocer la jornada de este lunes fue aprobado por siete votos a favor, de diputados de oposición, y cuatro en contra. Entre sus resultados destaca el descuido del Gobierno en el control de la pandemia. Este sería uno de motivos de la rápida propagación del número de contagios y muertes en las diferentes regiones del país.
Detalles del informe
La comisión que es presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), está integrada además por los diputados oficialistas Álvaro Carter, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia (UDI). Además de Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper (RN).
Desde la oposición, la componen Carolina Marzán (PPD), Marcela Hernando (PR), Víctor Torres (DC), Luis Rocafull y Leonardo Soto, (PS), y la diputada Camila Vallejo (PC).
El texto, resalta que hubo graves problemas de gestión en materia de administración de la pandemia por parte del ex ministro Jaime Mañalich. Este planteamiento fue descartado por los diputados oficialistas, recordando que la acusación constitucional en su contra fue rechazada por falta de sustentación.
Múltiples problemas detectados
El informe aprobado, sostiene además que, en el periodo analizado se detectaron problemas a nivel comunicacional. Se expone que el hito más relevante fue cuando la autoridad sanitaria llamó a la nueva normalidad (en los meses de abril y mayo), provocando confusión en la ciudadanía y potenciales descuidos y contagios.
Otro aspecto denotado es que hubo grandes problemas en la gestión de la trazabilidad, testeo y aislamiento, lo que ayudó a la propagación de la pandemia.
El texto, asimismo, afirmó que hubo una persistente centralización de las decisiones, desde Santiago. Lo anterior pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Organización que, para este tipo de situaciones, promueve la creación de comisiones regionales.
Estrategia de inmunización de rebaño
De igual modo, la investigación habría detectado la aplicación de la inmunización de rebaño, estrategia que nunca tuvo respaldo en la comunidad científica nacional. Otra estrategia que fue calificada como un error fue el intento de aplicar un carnet de alta de la enfermedad, el cual fue abortado antes de entregarse.
Adicionalmente, el texto incorpora las conclusiones minoritarias que destacan la gestión de las camas UCI y el hecho que no se haya llegado al dilema de “la última cama”.
En este marco, también se resalta que ninguna persona enferma de Covid-19 se quedó sin atención. Al tiempo que se reitera que, en el mundo, no había ningún país preparado para enfrentar semejante enfermedad.
Finalmente, los parlamentarios comentaron que tras el informe, esperaban que las recomendaciones fueran tomadas en consideración por el ministro de Salud, Enrique Paris. Así se puedan corregir los problemas detectados y, con ello, ayudar a mejorar el trabajo para la prevención y tratamiento del coronavirus.
Antecedentes de la comisión
La instancia investigadora se constituyó el 2 de junio con la meta de indagar sobre los actos de Gobierno en relación con los impactos sanitarios por Covid 19. Además de revisar la crisis económica, social y laboral producto de la pandemia.
La comisión adoptó como tareas investigar los actos de la administración del Estado en materia de recuperación de los enfermos. Así como las medidas destinadas a mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia en la población.
Además, debía indagar los actos del Ministerio de Salud, relacionados con las medidas de orden sanitario. Del Ministerio de Hacienda, para enfrentar los efectos económicos y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y jefes de la Defensa Nacional, respecto del orden público. Todo ello en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a raíz de la pandemia del coronavirus.