“Cárcel para Sebastián Piñera”: Para que nunca más
Durante la semana pasada, mientras la mayor parte del país esperaba con ansias la salida de Piñera, la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó con 10 votos a favor y 8 en contra, la iniciativa popular de norma titulada “Cárcel para Sebastian Piñera”.
La medida, ingresada por Mauricio Menendez, uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, reunió más de 15 mil firmas en una semana y será despachada para su votación particular por todo el órgano constituyente.
¿En qué consiste la iniciativa ?
Con más de 20 mil votos, la iniciativa Nº 71.442, busca responsabilizar a Piñera por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el contexto del estallido social. Sumado a las irregularidades respecto a la minera Dominga.
“El único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, a esto también se suman dentro de su periodo los escándalos derivados de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga”, señala el documento.
Propone explícitamente que esta nueva constitución debe contemplar “la garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un Presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo, mutilando, torturando y asesinando”.
Violaciones a los derechos humanos
Según un informe entregado por el Ministerio Público en septiembre de 2020, el reporte final de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales (Carabineros, Ejército, PDI), desde octubre del 2019 hasta esa fecha, alcanzó un total de 8.575 víctimas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reportó, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, un total de 3.765 personas heridas, de las cuales 285 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 411 a personas con traumas oculares, según el informe oficial.
Tambien, le entidad presentó en dicho periodo 1.312 acciones judiciales, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado, 195 querellas por violencia sexual (penetracion con objetos, violaciones sexuales y violacion multiple) y 951 por torturas. Además, la Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.
Ante tales abusos, la Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación tras la cual emitieron el informe “Ojos Sobre Chile”, en el que reconocen que, si bien, su investigación analiza únicamente el actuar de Carabineros, consideran que “la falta de control que ejerció sobre Carabineros el poder ejecutivo del gobierno del presidente Piñera requiere que todas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales se definan al más alto nivel posible”.
Investigaciones ineficientes
A pesar de todas las cifras que han entregado estos informes, en conjunto con el gran número de pruebas audiovisuales del abuso organizado, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia no fueron eficientes a la hora de investigar y juzgar a las autoridades.
“Las investigaciones realizadas fueron muy deficientes. Incluso en los casos en que los funcionarios admitieron su responsabilidad, no se emitieron sanciones. Cuando se emitieron sanciones, a menudo no fueron por la violación de los derechos humanos en sí, sino por otras infracciones administrativas”, señala el documento de Amnistía.
Tras esta situación, durante el año pasado Piñera fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, solicitud que fue rechazada por la entidad.
La mala gestión de Piñera
Cabe recordar, que el ex Presidente de la República, declaró estar en “guerra contra un enemigo poderoso”, refiriéndose al propio pueblo cansado del olvido y las injusticias. Decretó estado de emergencia y dejó las calles a disposición del Ejército, otorgando pleno respaldo a los abusos de poder de las fuerzas policiales.
El empresario, demostró estar desconectado de la realidad del país y no haber escuchado ninguna demanda previa, a tal punto de darle credibilidad a un informe de Big Data que responsabilizaba del estallido al K-Pop.
Finalmente y en relación a todo lo descrito, Amnistía Internacional indica que “todas aquellas personas que, en su condición de garantes, conocieron o debieron haber conocido la escala y gravedad de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo, y que tuvieran la capacidad de prevenirlas, pero no lo hicieron, deben ser investigadas y sancionadas”
Redacción: Vanessa Vidal Salinas
Fotografías: Vanessa Vidal Salinas
