Por: Nayade Aguirre, Presidenta FENAFGORE
El próximo 14 de julio será un día histórico para el proceso de descentralización y fortalecimiento de la democracia. Asumen las Gobernadoras y los Gobernadores electos en cada una de las regiones del país.
Momento opacado por el Gobierno
Sin embargo, este hecho ya está opacado por las acciones del Gobierno. Restricciones y amarres presupuestarios. Precariedad en la habilitación de espacios para las nuevas autoridades y sus equipos de trabajo. Y escaso avance en la implementación de las modificaciones legales a la Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional.
Denuncias de FENANGORE
Todas estas situaciones como FENAFGORE las hemos denunciado desde hace más de un año.
Sabemos que no serán los únicos problemas para las nuevas autoridades elegidas democráticamente. Tendrán que lidiar con los recientes funcionarios nombrados en la Planta Profesional, en el marco de la Ley N° 21.074, Fortalecimiento de la Regionalización del País. Concursos públicos que se han caracterizado por diversas irregularidades y arbitrariedades.
Acciones ante el Contralor
En este contexto, como FENAFGORE, ingresamos el Oficio N° 8, el pasado 25 de junio, dirigido al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. Exponemos antecedentes sobre irregularidades ocurridos en 9 Gobiernos Regionales.
Entre los principales problemas, se detectó que las bases de convocatoria a los concursos eran elaboradas con criterios y ponderaciones ajustadas para determinados funcionarios. Especialmente para aquellos de confianza de las/los actuales Intendentas/es. Incluso algunos ejerciendo como Jefes de División hasta el día anterior de la Toma de Razón en Contraloría. Se trata de funcionarios con escasa experiencia laboral en gobiernos regionales. Bajos niveles de capacitación y/o perfeccionamiento.
Concursos públicos con falta de objetividad
En un análisis a 9 Gobiernos Regionales, se concluyó que el factor “Apreciación Global del Candidato”, última etapa de estos procesos de selección, resultó el factor decisor en los resultados finales. Permitió conformar las ternas con alta subjetividad, entregaba puntajes máximos a los candidatos. En cambio, aquellos factores de experiencia laboral, estudios y/o cursos de formación se asignó puntajes menores.
En síntesis, predominaron factores subjetivos por sobre las reales capacidades técnicas de los postulantes.
En el caso del Gobierno Regional de Atacama: un 75% de los postulantes quedaron inadmisibles, debido a cédulas de identidad vencidas. Pese al Decreto N° 11 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo ocurrido en el Gobierno Regional de Los Ríos evidenció la complejidad de estos plazos, donde además debió intervenir el Consejo para la Transparencia. Tras transcurrir casi 5 meses, recién allí se obtuvo información clave, para fundamentar una denuncia por vicios de legalidad.
Dificultades para denunciar
Pero estos no han sido los únicos inconvenientes para los funcionarios de los Gobiernos Regionales. La Contraloría General obliga a identificar al funcionario afectado por un proceso de concurso público. A pesar de ser representado por un integrante de la directiva de la Asociación de Funcionarios.
De esta manera, se vulnera la protección de la reserva de su identidad. Es por ello que resulta muy difícil que los afectados presenten reclamaciones. Ya que el Jefe de Servicio puede tomar represalias, incluso despedirlos, generando así una falta de igualdad entre un particular y un funcionario público.
Nueva normativa
En este contexto, estimamos que es fundamental revisar todos los procesos de concursos públicos efectuados en los distintos Gobiernos Regionales. Establecer procedimientos y perfiles, que respondan a sus reales necesidades. Y avanzar prontamente en una nueva normativa.
Una legislación que otorgue garantías en los procesos concursales. Donde prevalezca la transparencia, la probidad, la meritocracia y mecanismos de equidad de género.
Como funcionarios públicos, no seguiremos siendo denigrados con el apelativo “la grasa del Estado”, por parte de quienes hoy, además, están dejando en cargos de planta. Es decir, en forma permanente en el Estado, a personas sin competencias técnicas.
Como servidores públicos, nos mueve nuestra ética de honrar la función pública. Es inaceptable lo que ha ocurrido con los concursos públicos en los Gobiernos Regionales del país.
