Comisión Investigadora de la cámara de diputados revisará las acusaciones de triangulación de AFPs, ligadas al presidente Sebastián Piñera.
“Por tres meses se va a constituir esta comisión con diputados y diputadas de diferentes bancada. Se encargaran de estudiar y revisar todos los antecedentes para determinar si existe o no esta triangulación”, aseguró el diputado Alejandro Bernales.
Parece una frase hecha; un lugar común, pero denota una verdad que ha sido el karma de la ciudadanía. No es más que la “mala memoria que tiene el chileno”, cuando se trata de enjuiciar a quienes se elige para liderar a la nación.
No se trata de especular, sino de enumerar los antecedentes que se han recogido en los últimos años. Muestra, de cierta manera, el aprovechamiento de los altos cargos públicos, en beneficio de sus propios intereses y deseos.
Sin ánimo de enjuiciar o establecer acusaciones sin fundamento, el presidente Sebastián Piñera ha ocupado información privilegiada. Tal como lo fue la compra de acciones de la empresa EXALMAR.
El año 2014, en medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bancard la sociedad de inversión y Family Office de Sebastián Piñera, realizó una importante compra de acciones de la Empresa Pesquera Exalmar S.A. Tras la resolución del tribunal internacional de La Haya, que resolvió quitarle a Chile 22.000 km de mar patrimonial a favor de Perú. Además de un área de pesca en alta mar en la costa de Arica, lo que habría favorecido, según algunos, a Exalmar.
Este hecho quedó en el aire, sin que la comunidad tomara en cuenta estas acciones. Se motivó a elegir, para un nuevo periodo presidencial al actual mandatario.
Hoy, nos enfrentamos a una nueva acusación de malas prácticas de empresas ligadas a Piñera. Las acusaciones vienen de FELICES Y FORRADOS, creada por Gino Lorenzini. La denuncia, habla de una posible triangulación de fondos previsionales entre entidades ligadas al presidente. Los antecedentes, hoy en manos de los parlamentarios, logró una sesión extraordinaria para revisar en profundidad el mérito de la misma.
Esta denuncia, que ha sido relativizada y con poca cobertura por medios de comunicación nacional, abarca a la empresa Volcom. Instancia donde, tendría participación el hijo del Presidente, Sebastián Piñera Morel. Habría recibido fondos de las AFPs, aun cuando se habría perdido un 70%, el flujo de dinero no habría cesado. A ello se suma que, aparentemente, no tendría las exigencias legales pertinentes. Eso es al menos lo que denuncia el creador de Felices y Forrados y que será analizado por la comisión investigadora.
Sesión Especial
Un grupo de parlamentarios de oposición, solicitó una sesión extraordinaria – que fue aprobada con 51 votos-. Uno de los propósitos, consultar al actual superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, si se habían revisado dichos movimientos.
Este martes 1 de diciembre, se aprobó una comisión investigadora por parte de la cámara de diputados. La instancia revisará de manera extensiva la denuncia realizada por Gino Lorenzini.
El diputado Alejandro Bernales comentó que la moción se aprobó con holgura, 97 parlamentarios dieron su venia, para iniciar la investigación. “Por tres meses se va a constituir esta comisión con diputados y diputadas de diferentes bancadas. Estudiaran y revisaran todos los antecedentes para determinar si existe o no esta triangulación”.
Bernales explicó que los parlamentarios que integren esta comisión deberán citar a diferentes autoridades públicas. Además, a expertos en la materia para indagar en estas acusaciones: “Uno de los primeros a los que se tendría que pedirle antecedentes es al propio acusador, Gino Lorenzini”. Añadió que, a medida que se vayan entregando más datos de esta acusación, la comisión deberá citar y analizar dichas aportaciones.
Junto con esto, el parlamentario de oposición indico que, a partir del 15 de diciembre, y una vez que se elijan a los integrantes de la comisión investigadora, comenzará a revisar la posible triangulación de fondos previsionales.
Será determinante que la instancia parlamentaria concluya si existió ilegalidad o no. En cuanto a la expresa prohibición de las AFPs, de realizar de manera directa o indirecta, inversiones en las propias administradoras de fondos de pensión.
“Un ejemplo de esto fue lo que sucedió con la acusación que hubo con las plantas de ESSAL en Osorno, donde llegamos a diferentes conclusiones; como responsabilidades políticas, como sugerencias en la modificación del rol de la superintendencia de servicios sanitarios. Pero en ningún caso, podemos tomar decisiones, pasando a llevar a otro de los poderes del estado (legislativo”, sentenció Alejandro Bernales.
