Ayer, todo Chile conmemoró el segundo aniversario del 18 de octubre. Y Puerto Montt no fue la excepción. Los manifestantes se movilizaron pidiendo justicia para Emilia Loyola, la libertad del joven Felipe Santana y por los derechos del pueblo mapuche, entre otras consignas.

Hace dos años el país cambió. La revuelta fue el punto de partida para la construcción de un nuevo Chile. Lo que partió con la manifestación de estudiantes secundarios, sobre todo de niñas, por una alza de 30 pesos al pasaje del Metro de Santiago, evolucionó a un movimiento que movilizó por meses a millones de personas en todo el país. La población salió a exigir cambios estructurales, en salud, pensiones, el Servicio Nacional de Menores, y otros temas, que remiten sobre todo, al sistema político y económico que rige al país.

Este levantamiento popular nos llevó, entre otros logros, de resistencia y transformación, al impulso para un nuevo proceso constituyente que terminará con la Constitución Política impuesta en dictadura, hace ya 41 años. El deseado cambio fue fruto del aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Pero no todo son cuentas alegres.

La impunidad en cuanto a las violaciones de DDHH

Sobre todo recordando la escasa justicia que han recibido las numerosas víctimas de violaciones de Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado. Según cifras obtenidas por el Medio “Documenta LaBot” mediante Ley de Transparencia, de 31 carabineros formalizados por delitos de violaciones a los derechos humanos y obstrucción a la investigación o falsificación de instrumento público, sólo uno ha sido desvinculado definitivamente.

Mientras que otros 26 están en servicio activo y cuatro se encuentran en retiro temporal, lo que les da la posibilidad de reintegrarse a Carabineros en los tres años siguientes. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizaron un balance que también resulta desolador.

Ya que según el organismo, al 2020 se habían presentado 2.917, de las cuales 52 pasaron a la formalización. Quedando 111 imputados formalizados. Y resultando en sólo una sentencia condenatoria.

Para el 2021, hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y cuatro sentencias condenatorias. Sergio Micco, director del INDH señaló: “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”.

Al respecto el director del INDH recordó que “3.400 víctimas confiaron en nosotros, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella. No querían seguir recordando lo que vivieron. Otras no se atrevieron, simplemente, a presentar la denuncia. Hemos estado en 3.000 casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”, dijo Sergio Micco.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Manuela Barrueto