Por 2/3 la Convención Constitucional aprueba declaración por presos políticos de la revuelta social y el Wallmapu.
- Se reconoce la existencia de presos políticos, se exige celeridad en la ley de indulto general y la desmilitarización del Wallmapu.
En una segunda votación realizada la tarde de este jueves 8, por 105 votos se aprobó la declaración que pide acelerar la aprobación de la ley de Indulto General, integrando no sólo a los presos políticos de la revuelta, sino que también a los presos mapuches de la región al sur. Se exige además la desmilitarización del wallmapu.
Se presentaron dos declaraciones para ser votadas. Una de Apruebo Dignidad, PS e independientes y la segunda de la Vocería de los Pueblos. Chile Vamos presentó una declaración, que retiró antes de la primera votación. En una segunda vuelta, la votación a la declaración 1 concitó el apoyo de más de 2/3, es decir 105 votos.
La declaración firmada por la presidenta de la convención constitucional, Elisa Loncón y el vicepresidente, Jaime Bassa, afirma su compromiso de “crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos”
ACUSACIONES ARBITRARIAS
“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, se indica en la declaración, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”
Agrega que la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”
Agrega que la “ violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello
DEMANDAS
Las demandas establecidas por la Convención Constituyente son: Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad. Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
DESMILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU
En la declaración también se exige la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
Plantea, asimismo, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad Por último, el acuerdo de la Convención establece que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígena y la implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
