“Tomando en cuenta esta nueva realidad, donde las soluciones judiciales pueden demorare en entregar una vía para esta problemática, es mucho mejor poder llegar a un acuerdo a través de instancias como lo son los centro de mediación, donde son los propios padres quienes coinciden con una nueva modalidad de pago”, explicó la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Montt.

Las problemáticas que ha dejado la actual pandemia, lejos de ser atendidas por el gobierno de turno, se ha evidenciado que las soluciones aportadas distan mucho de lo que en realidad la comunidad necesita, y que al final, es la propia gente que paga sus impuestos a través de sus sueldos, compras, permisos de circulación, y un largo etc, debe salir adelante sin el apoyo o garantías que les asegure el estado, ante situaciones críticas como la que vivimos actualmente.

No se trata de hacer un compendio de cada una de las cosas que no se están atendiendo, o de apuntar con un dedo inquisitorio las medidas que se han implementado.

Pero si se puede dar a conocer  que la actual crisis sanitaria, a la que nos enfrentamos, ha puesto en el tapete la improvisación y el poco profesionalismo de un gobierno que no encuentra un camino de unión con las problemáticas sociales.

Muchos trabajadores se han visto afectados por esta crisis, marginando ingresos que no alcanzan para parar la olla, y que se han visto en la obligación de salir a las calles a ganarse el sustento, porque el estado, que ha indicado nuevas modalidades de conducta social, no garantiza el “pan” para estos ciudadanos que deben atenerse a reglas, pero con la dicotomía de que si se queda en casa, se muere de hambre.

En este aspecto, hay un sector de la población que ha recrudecido sus precariedades, ya que no cuentan con ingresos para pagar sus pensiones de alimentos, lo que transforma esta situación en un vector de estrés y de preocupación, ya que las órdenes de arresto por no cumplir con dicha responsabilidad es latente.

No podemos meter la cabeza dentro de la arena y pensar que todos los padres actúan de buena fe, pero no porque algunos no cumplen por dejación o irresponsabilidad, significa que otros también lo hacen.

Entonces, qué hacer ante este nuevo escenario, donde todos necesitan comer y pagar cuentas, si el estado no entrega garantías en este aspecto.

El seremi de justicia de la región de los lagos, Alex Meeder señaló que en esta situación, se les aconseja a los padres que estén bajo esta modalidad, que hayan perdido sus fuentes laborales, o los emprendedores que no tuvieron otra opción que cerrar sus negocios, se acerquen a un abogado para se genere una audiencia para mostrarle al tribunal en la situación que se encuentra en este minuto.

“El finiquito, carta de despido, resoluciones administrativas de cierre de local y cualquier otro antecedente que pudiera aportar el afectado, son instrumentos para que se presenten ante un magistrado y así poder llegar a un acuerdo con respecto a este tema”, apuntó Meeder

Por su parte, la Directora Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Consuelo Bellido Jara, las deudas por pensión de alimentos es un hecho complejo, ya que ambas partes ven disminuido sus ingresos.

“Tomando en cuenta esta nueva realidad, donde las soluciones judiciales pueden demorare en entregar una vía para esta problemática, es mucho mejor poder llegar a un acuerdo a través de instancias como lo son los centro de mediación, donde son los propios padres quienes coinciden con una nueva modalidad de pago”, explicó Bellido.

Junto con esto, la encargada de la Corporación de Asistencia Judicial señaló que en este caso, y dada las circunstancias actuales, pueden establecerse una reducción momentánea de los “alimentos”, considerando que existen modalidades de ayuda por parte del estado.

Bellido expone esto, en razón de que debe estar basado en las necesidades de los menores y de las capacidades económicas que tenga cada progenitor.

Desde una perspectiva laboral, se le consultó al seremi del Trabajo, Fernando Gebhard acerca de si existe algún estatuto que permite una mayor flexibilidad para quienes se han acogido a la ley de protección del empleo y o suspensión laboral.

“Esto corresponde a una condición judicial más que laboral, por lo que el hecho de haber suspendido su relación laboral, o el hecho de que se ve afectado por una reducción laboral, no lo imposibilita para responder frente a sus responsabilidades”, acotó el secretario de la cartera.

Además indicó que quienes se hayan acogido a estas medidas de gobierno, se les hará el descuento a través de la AFC, por lo que sí o sí, cumplirán con dicho demanda.

Fernando Gebhard aconsejó que en este tipo de situaciones es mejor comparecer ante los tribunales para que se pueda comprobar dicha situación y no hayan reconvenciones posteriores que puedan agravar aún más la situación de dichos padres.