“Lo sucedido con la trabajadora  Ana Mendoza, quien  denunció al  parlamentario por despido injustificado  y acoso laboral,  es una situación se  repite a lo largo de todo el país y que se ha agudizado desde marzo  del año 2020 debido a la pandemia. Y afecta en mayor medida a las trabajadoras migrantes, afirmó  Emilia Solís, presidenta del Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores y Trabajadores  de  Casa Particular, Sinducap.

Represalias por denunciar 

 Emilia Solis  agregó que  agradecen  la  valentía   de Ana Mendoza  por atreverse a denunciar, porque  la mayoría no se atreve a hablar, por lo que  es difícil cuantificar cuántas trabajadoras han  sufrido  situaciones similares con empleadores que las obligan a retornar al trabajo, aun cuando  las condiciones sanitarias del país no lo permiten.  El temor a denunciar está dado porque en muchas ocasiones es su palabra contra la de un empleador con mucho más poder, conocimientos y contactos.  Además porque se les dificulta  la búsqueda posterior de trabajo, ya le solicitan recomendaciones del empleador  anterior.

Situaciones así, afectan a quienes tienen menos capacidad de denunciar

 En el contexto de pandemia, indicó la dirigente,  estas situaciones de acoso laboral y no respeto a las normas legales que protegen a las  trabajadoras se han multiplicado y  han afectado  en especial medida a trabajadoras migrantes con menos redes y capacidad  de denuncia.

 Emilia Solís, presidenta del  Sindicato Nacional de  Empleados y empleadas de Casa Particular, hizo un  llamado al parlamento y al sistema público que se haga cargo de la situación,  que  haga una fiscalización  eficaz para  determinar   si se suscriben los contratos, se pagan  las imposiciones, se respetan   las condiciones laborales.  “Lo que estamos pidiendo son condiciones mínimas  para las trabajadoras en esta época.  Los empleadores se han quedado dormidos en  los siglos pasados y  siguen  tratando a las  empleadas como esclavas, sin respeto  a sus derechos”, terminó  señalando la dirigente.