Maltrato laboral reiterado que al ser denunciado a diversas autoridades a lo largo de cinco años, no fue tomado en cuenta. Llegando a ser certificado por la Asociación Chilena de Seguridad ACHS como enfermedad laboral. Y culminando en un acta de cambio de funciones firmada en condiciones irregulares y con presiones.

Ya que asegura, le habrían señalado que de no firmarla, este documento no le sería entregado. Tampoco le habrían permitido dejar expresados sus reparos al respecto de su puño y letra. Sino a través de otra funcionaria, quién no se ajustó a lo realmente argumentado por la afectada.

Conversaciones reiteradas con superiores

Estas son algunas de las situaciones que relata una trabajadora de la Junta de Jardines Infantiles (Junji). Algunas de ellas fueron denunciadas por la profesional a diferentes autoridades.  Tales como su jefa directa y 3 directores regionales, incluyendo al actual.

Responsabiliza de este maltrato a Cristian Cárdenas Águila. Compañero de departamento de la denunciante en la Unidad de Tecnologías de la Información (TI) desde octubre del 2016. Y en la demanda se adjuntan algunos correos electrónicos que dan cuenta de ello. Donde la denunciante relata algunas de las frases con las que su colega se ha referido a ella.

Gritos e improperios

Ya en noviembre de 2018 la afectada denunció esta situación al jefe nacional de la unidad TI Junji. Relatándole esta situación de trato irrespetuoso, con gritos y groserías.  

Agregando que “su personalidad quedó en evidencia al momento de su contratación en donde su test psicológico arrojó todos estos problemas. Pero la contratación se realizó de igual manera, a pesar de que la encargada de selección de personal lo dio a conocer a los miembros de la comisión”.

En abril de 2020 y tras haberlo conversado ya en otras ocasiones con ella personalmente. La profesional le relata a su jefatura directa la situación por correo.  Que su colega siempre muestra una actitud agresiva, sin empatía ni un trato respetuoso.

Asimismo, que en una oportunidad le gritó que era “mentirosa, poco honesta y que no confía en mí”. En otra ocasión le habría dicho lo siguiente. “Él nunca ha trabajado con mujeres, que está acostumbrado a trabajar solo, que él sabe lo que tiene que hacer y que nadie debe decírselo y que le carga trabajar conmigo”. Agregándole que en otro episodio le “ofreció combos a cualquiera que lo cuestionara”.

Conversación con Eduardo Hernández

En la demanda, la profesional afirma haberse acercado al director regional en diciembre de 2019. Habiéndole relatado la situación con antecedentes similares.

Su abogada señala: “Mi representada le relató las humillaciones constantes que ha padecido por años de manera genérica. Enfatizando en cómo aumentaba la violencia verbal, le dijo que tenía miedo de que la golpeara. La denunciada (director regional Junji), solo se limitó a escuchar y no realizó acción alguna frente a lo denunciado. (Aquí toma conocimiento informal de los hostigamientos reiterados padecidos por la actora)”.    

Condiciones de la demanda

Estas son algunas de las situaciones que llevaron a la trabajadora a demandar a la institución. Ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Sus exigencias responden principalmente a la restitución de su cargo anterior. Una carta de disculpas públicas donde se reconozca que se han vulnerado los derechos fundamentales de la afectada, y una indemnización de 12 millones de pesos por daño moral.

La demanda fue presentada a fines de agosto. Y el 6 de septiembre se le ordena a Junji reintegrar a la empleada en su cargo y funciones anteriores. Ejecutando el cambio de puesto de trabajo indicado por la ACHS en relación a su enfermedad laboral. Ya que no correspondía un cambio de funciones, que fue lo que Junji realizó. Situación que, además, según la denunciante, sucedió en circunstancias muy irregulares.

El origen de la multa a Junji por 4 millones de pesos

Paulina Mariela Pérez Hechenleitner es Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. La magistrada resolvió que lo que correspondía realizar es un cambio de puesto de trabajo físico. Y por tanto se ordena a Junji que tome ésta medida. 

La jueza agregó que la denunciada (Junji) deberá ejecutar esta modificación con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional. “De manera tal que dicha oficina o espacio físico, sea apto y acorde físicamente para el ejercicio de sus funciones. Que no implique un menoscabo para la demandante. Y que ésta cuente con todos y cada uno de los implementos necesarios para la realización de sus funciones, cargo y rol como Encargada Regional de la Unidad TI.”

Sin embargo, consta en la causa que dos días más tarde la funcionaria vuelve a sus funciones habituales. Y se presenta primero en la oficina del director regional, a quién espera por más de una hora. Cuando éste no llega se dirige a su oficina. Y la encuentra con llave y la chapa cambiada. Además de ver su escritorio lleno de objetos.

Es en esta situación que el tribunal, al no cumplirse la medida decretada, ordena el pago de una multa de 80 UTM. Es decir, más de 4 millones de pesos.

Apremio de arresto para el director regional

Hasta el 4 de octubre de este año, la institución no paga la multa. Es por ello que el tribunal decide la medida de apremio de arresto por 4 días. Medida que aplica para el representante de la demandada. Es decir, el director regional Eduardo Hernández Agurto.

El caso se suma a una serie de otros cuestionamientos hacia el director por parte de funcionarios de Junji. Especialmente Aprojunji. Entre ellos, el desamparo que estos funcionarios han sentido durante la pandemia. Respecto entre otros motivos a la falta de elementos de protección de calidad. Además de problemas graves de infraestructura en los jardines. Y la negativa de Hernández a reunirse con la organización. Pese a reunirse con otros gremios. E incluso cuando la directiva nacional de Aprojunji acudió a la región para ello.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Junji Los Lagos