“…hay una deuda pendiente grande. La primera en materia de verdad y justicia, porque no se ha logrado avanzar en el esclarecimiento de los casos. Hay más de mil desaparecidos en este país y las investigaciones de los desaparecidos han quedado en nada hasta el día de hoy”.

Al cumplirse 49 años desde las violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar y mientras se tramita en el senado la iniciativa que busca la amnistía de los presos políticos de la revuelta social, El Ajitador converso con la histórica defensora de los DDHH, la abogada, Julia Urquieta, ex subsecretaria de Previsión Social del gobierno de la presidenta Michael Bachelet.

La abogada, ha desarrollado una permanente actividad como defensora de los derechos humanos, destacándose por ser parte de los patrocinantes de la primera querella en contra del dictador Augusto Pinochet, el año 1998, y querellante del caso del conscripto Pedro Soto Tapia.

En la presente conversación destaca las discusiones que se están llevando a cabo en materia de derechos humanos en el marco de la Convención Constitucional, donde resalta la importancia de que Convención exprese una posición respecto a las violaciones a los derechos humanos, a la reparación, a la memoria y, al que nunca más estos hechos vuelvan a repetirse en el país.

Asimismo, considera trascendental el debate en la Convención entorno a la inamovilidad de los jueces en el poder judicial, donde plantea que para avanzar en materia de derechos humanos es necesario que los jueces tengan una duración determinada en sus cargos.

¿En qué estado se encuentran los derechos humanos en el país?

En primer lugar, hay que señalar que el tema de los Derechos Humanos es una situación no resuelta en Chile a 49 años desde que ocurrió el Golpe Militar, el mayor problema que tenemos -sigue siendo el gran drama de Chile- es el tema de la impunidad, la falta de verdad y la falta de justicia.

Porque todavía están en los tribunales un conjunto de procesos que no han podido terminar, que los están investigando los jueces y, donde incluso se llegan a penas significativas. Sin embargo, son los propios jueces quienes impiden que estas personas cumplan las penas como corresponden, como es el caso que ocurrió con la situación de Marta Ugarte, que estremeció a todo el país cuando se encontró su cuerpo en la playa La Ballena, cubierta con alambres, tirada desde un helicóptero, al interior de un saco.

Este hecho es esencialmente particular, porque luego de la condena que recibió el criminal, fue el propio juez el que decidió que tenía que cumplir la pena nada menos que en su casa al cuidado de su hija. Entonces esta es una burla a la justicia después de tantos años.

Otro hecho que llama mucho la atención es que el Gobierno de Piñera indulto a un conjunto de violadores a los DDHH y hoy cuando se habla el tema de los DDHH, se discute el tema de los indultos a los presos de la revuelta, pero nadie reclama de los indultos a los violadores de los derechos humanos en la dictadura.

Desde este punto de vista, creo que es necesario y esperamos que en este Gobierno tome un conjunto de acciones, no solamente con respecto a los presos políticos de la revuelta, -que es uno de los temas pendientes-, sino también a la deuda histórica que existe respecto a la falta de verdad y justicia de las víctimas de la dictadura militar y, para eso hay que ver que están haciendo los jueces.

Llevamos 49 años buscando la verdad, buscando la justicia y, también obviamente la reparación, sobre todo para los presos políticos que buscan una reparación justa porque ellos han recibido una pensión que es totalmente insuficiente, muchos de ellos quedaron con secuelas graves y, por lo tanto, la reparación sigue siendo una demanda fundamental.

Hace unos días la Asociación de Exonerados Políticos, ex dirigentes de la CUT, que reúne exonerados y a víctimas de prisión política y tortura, envió al presidente Gabriel Boric, una carta solicitando que se inicié una reparación digna para las víctimas de la prisión y tortura en la dictadura militar. ¿Cuál es su parecer al respecto?

Efectivamente, yo creo que hay una deuda pendiente grande. La primera en materia de verdad y justicia, porque no se ha logrado avanzar en el esclarecimiento de los casos. Hay más de mil desaparecidos en este país y las investigaciones de los desaparecidos han quedado en nada hasta el día de hoy. La gran responsabilidad es indudablemente de las fuerzas armadas y, por otro lado, está el hecho de que no hay reparación justa para las víctimas, porque los mismos presos han pedido que se reabra la Comisión Valech, donde hubo mucha gente que no alcanzo a denunciar su caso.

Desde este punto de vista, el Gobierno tiene una deuda pendiente grande, que tiene que asumirla y esperamos cumpla con ese cometido como se comprometió durante su campaña.

Amnistía presos políticos de la revuelta

¿En qué situación se encuentra la discusión por los presos políticos de la revuelta social?

Con respecto a los presos políticos de la revuelta, me parece que es una tarea pendiente muy importante para sanar las heridas en Chile, porque todos los gobiernos -ocurrió así bajo el gobierno de Patricio Aylwin también- han tenido que resolver el tema de los presos políticos, como también los presos políticos mapuches, porque aquí ahora se quiere desconocer que existen presos políticos mapuches, lo cual es un absurdo.

Entonces, no se puede pretender desconocer la realidad y eso es producto de una situación política histórica concreta, que tiene que ver indudablemente con los conflictos políticos y sociales no resueltos en el país.

Con respecto a la iniciativa enviada por el Gobierno de Gabriel Boric al senado, que busca una amnistía para los presos políticos de la revuelta social y que ha sido cuestionada por algunos parlamentarios del PS y el PPD, ¿Cuál es su opinión respecto a la posición de estos parlamentarios?

La verdad es que no me extraña, la ex concertación nunca estuvo de acuerdo en la defensa de los presos políticos. En ese sentido, no nos extraña esta posición, en la cual nunca se han abierto realmente a buscar a una solución a este tema, desde distintos puntos de vista.

Como lo han dicho los propios familiares, el proyecto fue incluso destrozado en el senado con el objetivo de buscar los acuerdos, y resulta que ahora dicen que no están los votos y le echan la culpa al Gobierno.

Pero en algún momento este proyecto tendría que ser asumido y abordado, porque es un tema que ya no puede seguir alargándose y extendiéndose eternamente. Entonces tienen que enfrentarlo y ellos pagar el costo de decir claramente a la ciudadanía que no tienen voluntad políticade resolver el tema de los presos políticos.

Yo creo que ese es el problema de fondo, no tienen la voluntad política como nunca la han tenido realmente para resolver los problemas de los derechos humanos, donde todos los proyectos de derechos humanos también han tenido dificultades para ser aprobados en el propio parlamento.

Al interior de las discusiones que se llevan a cabo en el marco de la Convención Constitucional, se ha abordado varias iniciativas en torno a los derechos humanos. ¿Qué se espera de los resultados de la Convención en materia de DDHH?

Yo creo que la Convención Constitucional para nosotros es fundamental porque es la que nos tiene que dotar de una nueva Constitución para Chile, que sea capaz de dejar atrás la Constitución pinochetista y, por tanto, tenemos mucha esperanza de lo que ahí se pueda resolver.

En el ámbito de los derechos humanos, claramente la Convención tiene expresar una posición respecto a las violaciones a los derechos humanos, a la reparación, a la memoria y, el nunca más, que nunca más hechos como estos vuelvan a repetirse.

Inamovilidad de los jueces en el Poder Judicial

En este contexto, creemos que es muy importante el debate en torno al rol del poder judicial, porque aquí mucho se ha criticado y se ha responsabilizado gran parte de la crisis política del país a los temas del ejecutivo, y legislativo, pero también hay una gran responsabilidad del poder judicial. El propio informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala que el Poder Judicial ha sido incapaz de hacer justicia y llevamos 49 años luchando.

Entonces resulta que ahora que cuando la Convención plantea que los jueces tengan plazo de duración, ellos reclaman diciendo que eso no les permite hacer justicia. Pero nosotros decimos de qué ha servido la inamovilidad de los jueces, si durante 49 años no han sido incapaces de hacer justicia. Es más, durante los primeros años de la dictadura militar, nunca investigaron los casos por violaciones a los derechos humanos. Todo lo declararon que era inadmisible, nunca acogieron los recursos de amparo, salvo el ministro Carlos Cerda en su oportunidad.

Entonces, de que nos vienen a hablar de que eso les ha permitido a ellos hacer justicia. Eso no es así. Cuando se presentaron conjunto de recursos de protección por el tema del estallido social, ninguno de esos recursos de protección fue acogido tampoco. Hoy día tenemos un poder judicial que no nos defiende y no nos ampara, por eso creemos que es muy importante lo que puede resolver en ese sentido la Convención Constitucional.

En el marco de la Convención, ¿qué artículos son trascendentales para el teman de los DDHH?

Primero, el tema del poder judicial, la inamovilidad de los jueces, ósea los jueces son inamovibles mientras permanezcan en sus cargos, pero eso no tiene nada que ver con que estén eternamente en esos cargos. Es por este motivo que nosotros apoyamos plenamente lo que ha planteado la Convención, en el sentido que los jueces deben tener una duración determinada en el tiempo.

Todos los cargos políticos y públicos en Chile, tanto el ejecutivo y legislativo, tienen plazos. Ellos también debieran tener plazos, porque eso les haría que sean mejores jueces, en definitiva, porque el hecho de estar eternamente en los cargos al final termina acomodándose a la situación y no cumpliendo su rol real.

Por otro lado, la Convención ha señalado en reiteradas oportunidades, que el tema de los derechos humanos es fundamental para el país y, eso es algo que está en el centro del trabajo de la Convención, en diversos artículos, sobre todo en el capítulo de los derechos fundamentales, donde ahí se tiene que garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria en este país.

Fotografía: Radio Nuevo Mundo